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Vientres de alquiler, una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas.

La práctica de los vientres de alquiler se intenta presentar como una forma más de reproducción asistida o un tratamiento altruista para paliar la infertilidad.

Pero la realidad es bien distinta.

El alquiler de útero supone una violación de la dignidad, tanto de la madre como del niño, al convertirlos en productos comerciales.

Los contratos de alquiler de útero suponen una cosificación de los seres humanos.

El niño se convierte en un producto de mercado que se encarga, se fabrica, se vende y se compra para satisfacer el capricho deseo de unos adultos de ser padres a toda costa.

Cuando un bebé es fruto de una compra-venta y además se ha pagado una elevada suma de dinero por él, parece que se pudiera exigir unos estándares de calidad e incluso que se pueda devolver si el cliente no queda satisfecho.

Es el caso, por ejemplo, de la tailandesa Pattarabon Chambua, que ante su situación de pobreza cedió a ser vientre de alquiler.

La pareja australiana que alquiló su cuerpo quiso obligarla que abortara a uno de los gemelos que gestaba porque tenía Síndrome de Down.

Ella se negó y se quedó con el bebé que tenía la discapacidad.

Los dos hombres australianos se llevaron al bebé sano que habían comprado.

Por su parte, la mujer vende o alquila su cuerpo por dinero u otro tipo de compensación, convirtiéndose en un producto de usar y tirar, con las secuelas psicológicas que esto conlleva.

Esta situación, además, da pie a multitud de formas de explotación, presión y comercialización que se ceba especialmente en las mujeres de países pobres o menos desarrollados.

De hecho, en muchos países, los negocios de alquiler de vientres se encuentran invariablemente unidos a las redes de prostitución y otras actividades delictivas.

Sirva a modo de ejemplo el de Asia, donde se desmanteló una red de venta de bebés liberando a 21 jóvenes vietnamitas secuestradas.

O el de Nigeria, donde la policía rescató de una casa a 32 niñas de entre 15 y 17 años, embarazadas para vender sus bebés.

En Europa, esta práctica está prohibida total o parcialmente en la mayoría de los países.

El Consejo de Europa aprobó en 2012 una declaración escrita manifestando que:

"La subrogación es incompatible con la dignidad de las mujeres y niños involucrados, y una violación de sus derechos fundamentales".

Y en 2015, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda por la que la Eurocámara condena la práctica de la subrogación, que socava la dignidad humana de la mujer, dando que su cuerpo y sus funciones reproductivas son usadas como una mercancía.

Y considera que la práctica de la subrogación gestacional que involucra la explotación reproductiva y el uso del cuerpo humano para ganancias financieras o de otro orden, en particular, en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo debe ser prohibida y tratada como un asunto de urgencia en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, esta nueva forma de cosificación de seres humanos, tráfico de personas y prostitución del cuerpo de la mujer, se va abriendo paso en las instituciones bajo el peso de los lobbies, el negocio que se genera en los intereses políticos y económicos de quienes se benefician de tales actividades.

Debemos exigir la abolición universal de los vientres de alquiler.

Y en su defecto, la prohibición de inscribir a los niños obtenidos por subrogación internacional en el registro civil, a favor de los compradores, como medida disuasoria para reducir así el tráfico de seres humanos que esta práctica implica, hasta lograr su completa desaparición.